Ante la impotencia de no saber qué debemos hacer ante una situación de injusticia, tal y como está pasando con el lobo en Barbanza, las fumigaciones en Galicia y demás atrocidades que estén pasando en España provocados por una mala administración en las instituciones públicas, existe la figura de Defensor del Pueblo donde podemos presentar nuestra queja a nivel individual como asociación o empresa, para que estos casos lleguen a ser investigados.
Ahora nos preguntaremos…¿que se entiende por una mala administración?… significa negligencia o deficiencia administrativa. Se produce cuando una institución no actúa conforme a la ley, incumple los principios de buena administración o vulnera derechos humanos. Algunos supuestos de mala administración son: irregularidades administrativas, injusticia, discriminación, abuso de poder, falta de respuesta, denegación de información, dilaciones indebidas.
A nivel nacional, el objetivo del Defensor del Pueblo es proteger y defender los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos. Asimismo, garantiza que la administración pública actúa con arreglo a lo dispuesto en la Constitución, es decir, sirve los intereses generales de forma objetiva, actúa de conformidad con los principios de eficiencia, jerarquía, descentralización, coordinación y respeto pleno de la legislación en vigor y prohíbe expresamente cualquier tipo de arbitrariedad. En el caso de las comunidades autónomas que aún no han creado un Defensor del Pueblo regional, a saber, Madrid, Cantabria, Extremadura, las Islas Baleares y las dos ciudades autónomas (Ceuta y Melilla), es el Defensor del Pueblo español el encargado de tramitar las reclamaciones de que se trate. Para el resto de comunidades pinchar en la que os corresponda: Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Galicia, La Rioja, Murcia, Navarra, País Vasco y Comunitat Valenciana.
A nivel europeo también existe esta figura, el Defensor del Pueblo Europeo, que según en el manual no investigan reclamaciones presentadas contra las autoridades nacionales, regionales o locales de los Estados miembros, aún cuando estén referidas a materias de la UE. Pero, si se están incumpliendo leyes ambientales europeas, también Europa seria responsable por no gestionar y controlar el cumplimiento de estas leyes…